Miércoles 26 de Marzo de 2014
“Ningún trabajador en particular podrá verse atacado o perjudicado por ejercer este derecho a huelga”, señaló Sergio Ramos, de SUTEBA.
Sergio Ramos, docente e integrante de SUTEBA de 9 de Julio, analizó la situación del sector ante el recurso de amparo presentado por el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bonicatto, para lograr el retorno de los maestros a clase, que fuera desoído por los distintos gremios.
“En principio, la situación que estamos viviendo es la misma de la semana pasada, ya que no ha existido un ofrecimiento concreto por parte del Gobierno Provincial, cuya última estrategia fue presentar un recurso de amparo para que retornemos a las aulas, en el marco de una medida cautelar que establece un par de puntos que, analizado por los representantes legales del Frente Gremial y los distintos sectores, fue rechazada por distintos motivos”, explicó Ramos, detallando que la referida presentación se recibió formalmente recién en la jornada de ayer en razón del fin de semana largo y sobre la misma se fijaron “distintos puntos”.
“En primera instancia este fallo establece la obligación del Ejecutivo provincial de garantizar el derecho a la Educación, lo que rechazamos porque cercena un derecho fundamental y contemplado en la Constitución, como es el derecho a huelga”, precisó.
En el mismo plano, observó que paralelamente esta resolución establece “no descontar a los docentes los días de paro y a los gremios retornar a las aulas; aunque estos son personas jurídicas representativas del colectivo docente, con lo cual podemos decir que los mismos ni fijan ni levantan medidas de fuerza, ya que su funcionamiento es absolutamente democrático”.
“El día 21 de febrero, SUTEBA realizó la primera de sus asambleas semanales, en las que se manda a continuar con las medidas de fuerza, por lo que queda demostrado que esta medidas de fuerza no son un capricho de Baradel, Petrocini ni de ninguna entidad representativa, sino de los afiliados”, enfatizó especialmente al afirmar que “no son los docentes quienes tienen a los chicos de rehenes”.
PASOS INMEDIATOS
“Se apelará esta medida arbitraria y que no tiene una relevancia jurídica, lo que dará lugar a una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerándose que esta medida constituye un cercenamiento al derecho de huelga, sentando un preocupante precedente en este sentido sobre el derecho de realizar huelga”, delineó Ramos, subrayando que “la pelea y el riesgo la va a llevar la persona jurídica del gremio”.
“Ningún trabajador en particular podrá verse atacado o perjudicado por ejercer este derecho a huelga; pero paralelamente debemos concientizar a la comunidad de que no somos nosotros los que no permitimos el dictado de clases, sino el Gobierno Provincial”, agregó, recordando que el año pasado se produjeron situaciones que fueron interrumpiendo reiteradamente el ciclo lectivo.
“Asegurar una cantidad de días son asegurar la calidad educativa, sino que esto depende de una cuestión estructural”, destacó el dirigente.
