Lunes 25 de Febrero de 2019
PUBLICACIÓN PEDIDA
Las diferencias
En estos días se debatió en una comisión del Senado el decreto emitido por el presidente Macri sobre extinción de dominio. El objetivo es recuperar los bienes que fueron producto de la corrupción, que son muchísimos, y serían no solamente de gran ayuda para la sociedad porque son las rutas, la energía, las cloacas y mucha de la infraestructura que nos falta, sino además un punto de inflexión en nuestra historia Republicana para reinstaurar que en nuestro país, como en todos los países serios, “el que las hace las paga”.
Como todos sabemos, el peronismo se unió para rechazar el decreto, primero lo hizo para mantener un proyecto de ley durante 2 años en un cajón, y ahora para seguir manteniendo la impunidad que el decreto venía a desbancar.
Lo curioso es que toda esta situación de complicidad manifiesta, de impunidad total, donde los defensores de los corruptos levantan el dedo acusador sobre quienes intentan volver a la coherencia de la justicia, intentando convertir al corrupto en verdugo, me recordó a un debate dado con anterioridad. Lo que sucedió al discutir sobre la conveniencia o no de recuperar los bienes producto de la corrupción en manos de un ex mandatario, un diputado expresó su pensamiento diciendo textualmente que “si de una confiscación se tratase la cámara debería tener el coraje de colocarse a la altura de su misión para imponerla, para que se sepa que todo el que se enriquece en el poder, por la corrupción y por el robo, ha de venir siempre otro más alto que lo despoje de esa riqueza mal adquirida. Si el ex mandatario se ha enriquecido en el poder, si se ha demostrado hasta la última evidencia, y nadie podrá contrastarlo, que esos bienes no son de él, que esas tierras que pueden volver al dominio público, todas fueron adquiridas por medio de acciones ilegales, por la corrupción o la dádiva, está en el deber de restituirlo; y si no hubiera una ley que nos guiara en esta obscuridad, deberíamos dictarla y condenar con arreglo a ella al mandatario que ha robado el tesoro público, en beneficio propio y en caso de oponernos daríamos un voto sancionando la impunidad del crimen”.
Le respondieron pidiéndole que tenga consideración con el vencido. Y otro, oponiéndose también a la extensión de dominio de los bienes del ex mandatario, sostuvo que fueron demasiado sus cómplices, y que sería imposible hacer lo mismo con todos.
El diputado, sin aminorarse replicó: Yo creo que no son tantos y que de serlos, no sería esta una razón para que consagrásemos la impunidad del ex mandatario. “He dicho, y lo repito, que si de recuperar los bienes se tratase, esa confiscación sería justa, y yo estaría por ella en tal caso, de acuerdo con aquella ley romana que manda que se aplique a cada cual la ley que él aplicó.”
Cuando el debate llega a su término y va a cerrarse la discusión, el diputado anuncia que quiere fundar sintéticamente su voto opositor al primer artículo del proyecto de ley que propone la extinción de dominio sin retroactividad, una ley “que no ordena nada, no resuelve nada, no fija una regla general, ni para el pasado, ni para el presente, ni para el futuro”, y porque considera que careciendo de estos requisitos, “no puede clasificarse como tal ni tiene valor alguno”.
Ese sentimiento de todo un pueblo para hacer coincidir lo que es grande y eterno, con lo que es pequeño y accidental”.
Paolo Barbieri,
Secretario General del Municipio
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