Miércoles 20 de May de 2015
Publicación pedida por Andrés Tempo.
¿A quién en 9 de Julio, no le gustaría saber que su intendente no roba? ¿Qué nuevejuliense se negaría a pagar los impuestos, si supiera que todo lo recaudado va a donde debe ir y no se reparte entre los bolsillos de los funcionarios? ¿Qué vecino o vecina se rehusaría a saludar a un concejal, si constatara fehacientemente cómo está compuesto su patrimonio? ¿Quién miraría mal a un candidato o a una candidata, si de antemano declarara qué es lo que tiene y cómo lo ha ganado?
La novedad es que todo esto podemos saberlo; y más aún, que los ciudadanos de este país tenemos derecho a toda esa información. La ley 26.857, establece la obligatoriedad de todos aquellos que ejercen la función pública de presentar sus “Declaraciones juradas patrimoniales integrales”, ante la oficina anticorrupción. Esto también incluye a los candidatos a ejercer cargos públicos. Muy buena noticia si tenemos en cuenta que próximamente iremos a las urnas a cumplir con las PASO.
QUÉ ES UNA DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
Lo primero que debemos decir es que constituye el presupuesto para un mejor y eficiente control social sobre el desempeño en la función pública.
Básicamente por dos motivos: porque permite el conocimiento de las modificaciones patrimoniales que pudiesen darse durante el ejercicio del cargo; y porque son de carácter público, gratuito y de libre accesibilidad por Internet. En otras palabras, saber qué tienen nuestro intendente, sus secretarios y nuestros concejales; y saber si lo que tienen aumenta o disminuye mientras lo son. (Buena forma para poder responder afirmativamente todas las preguntas que nos hicimos al comienzo de esta nota). Y lo sabríamos porque esos datos serían públicos.
Esto significa que el patrimonio de quienes han sido elegidos para cuidar de nuestra ciudad y de nuestros impuestos, puede verse publicado por ejemplo: en diarios, televisión, radios y portales de internet de nuestra ciudad.
Si el Honorable Consejo Deliberante decide que la ciudad de 9 de Julio se adhiera a la Ley de Ética Pública, la información que deberán aportar quienes ocupen cargos dentro del municipio incluye entre otros, los siguientes datos: cuáles son sus bienes inmuebles (propiedades) y las mejoras que hayan realizado, y también los bienes muebles registrables (automotores, ciclomotores, motocicletas, máquinas agrícolas, etc); y si no son registrables, aquellos que superen el valor de 5.000 pesos.
Sobre sus depósitos en bancos u otras entidades financieras, deberán informar los motos y en qué bancos los tienen. Si además poseen dinero efectivo en moneda extranjera, o si han comprado títulos o acciones en bolsa. Si han tomado créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.
También deberán declarar sus ingresos y sus gastos anuales, derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales. Como se ve, la ley ha tenido la clara intención de poner un manto de transparencia importante sobre la función pública. Le ha otorgado poder de control al ciudadano de a pie, y constituye un claro avance en términos democráticos y de cuidado de nuestras instituciones.
DEMORAS INJUSTIFICADAS
Cabe preguntarse entonces, en tiempos en donde la sociedad argentina (los nuevejulienses también formamos parte de ese colectivo), pide claras muestras de transparencia en la función pública: ¿porqué nuestra ciudad persiste en la actitud de vivir fuera de la ley? La respuesta no es simple, pero seguramente es intuida por los lectores. Digamos a que cosas no se ha debido. En principio no puede decirse que se trata de una novedad. Esta norma, la ley 26.857, fue aprobada hace ya dos años, el 21 de mayo de 2013. Digamos que el tiempo suficiente como para saber de su existencia. Tampoco puede afirmarse que todavía nadie la aplica.
Porque no sólo lo hace el gobierno nacional, vemos de forma permanente un ejercito de periodistas, políticos, abogados y jueces, analizar de forma minuciosa el patrimonio de la presidenta de la república y de todos sus funcionarios; sino que además y sólo para citar algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, tanto Pehuajo, Trenque Lauquen, Gral. Belgrano, Chivilcoy, Tandil, Azul, San Andrés de Giles, Baradero; entre otros municipios, ya se han adherido a la norma y sus funcionarios están obligados a presentar todos los años sus declaraciones juradas patrimoniales integrales.
En definitiva, ni es nueva ni seríamos un ejemplo de transparencia; muy por el contrario, ha esta altura de los acontecimientos nuestra clase dirigente -en su conjunto- debería dejar en claro su voluntad política de lucha contra la corrupción dentro del Estado.
CONCLUSIONES
Es imperioso crear la ordenanza y encarar de una vez por todas el camino de la ética pública. Es incorrecto pensar que el ser humano nace virtuoso; sí es cierto que trabaja para alcanzar la virtud. La educación, la religión, la ley, la justicia son un claro intento de ello. Como afirma el papa Francisco: “la política es una de las formas más elevadas de la caridad”.
Es por eso que hay que cuidarla de los malos políticos. Criticarla es como despotricar contra la ingeniería viendo caer un puente; o de la mecánica cuando un automovil no funciona. Controlar a nuestra clase política es “rehabilitar” como afirma el papa, a la política. Para que nuestras sociedades se sostengan y crezcan, y nuestras ciudades no caigan y se pongan en marcha definitivamente.
