Sábado 30 de Agosto de 2014
Por Horacio Aizicovich.
En estos días vuelve a emerger un intenso debate alrededor del rol del Estado, en función al envío por parte del Ejecutivo del proyecto de ley de abastecimiento y de los consumidores, en este caso a través de normas políticas regulatorias en las sensibles cuestiones vinculadas a precios, abastecimiento y la relación entre consumidores y las grandes empresas formadoras de precios u oligopólicas.
El conjunto de las entidades vinculadas al campo empresarial nacional y de las pymes, así como aquellas cuyo objeto es la defensa del consumidor y de la competencia en otros casos, han salido a defender la decisión del gobierno de avanzar en el tratamiento de su proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento y la Ley de Consumidores.
En contraposición y en una actitud hostil y antidemocrática, la oposición tanto política, como corporativa y mediática, pretenden demonizar el proyecto vinculándolo con un meneado fin persecutorio y de penalización a los sectores productivos y comerciales del país, endilgándole al gobierno la responsabilidad de una improbable afectación de la seguridad jurídica y de su efecto negativo en la inversiones privadas.
Por el contrario, debe quedar bien claro en el debate que se está instalando, que se trata ésta vez de legislar precisamente para la seguridad jurídica, pero en este caso para los consumidores y el conjunto del pueblo, los que permanentemente son afectados en sus derechos por las empresas de alta concentración económica y por la acción monopólica en diversos rubros que impactan en la canasta alimenticia y los servicios básicos.
Se destaca en este proyecto de reforma de la Ley, vigente desde 1974, la creación de un fuero especial para atender la demanda de los consumidores por el incumplimiento sistemático de las grandes corporaciones en relación a las normas de defensa de consumidores, es decir aquellos casos que podemos observar cotidianamente en los que las grandes empresas lo practican como política comercial permanente.
Además, significa un cambio radical en el tratamiento de las multas aplicables, ya que se legisla para que paguen primero y después reclamen, como les ocurre habitualmente a los propios usuarios y consumidores.
Es preciso recordar que la ley de abastecimiento, que formó parte del paquete de leyes y medidas gestadas por el equipo de José Ber Gelbard entre 1973 y 1974, se encuentra plenamente vigente, en todo caso, la presente reforma rectificatoria repite el espíritu de la ley de 1974 y los únicos cambios morigeran sus efectos punitivos, dado que elimina la posibilidad de dictar penas privativas de la libertad por violar la Ley.
Por último, y como elemento fundamental de discusión frente al embate de los comunicadores neoliberales y del sector empresarial concentrado en su ataque al proyecto del Gobierno, cabe recordar que en los países centrales, del sistema capitalista, como Francia, EEUU o Alemania existen leyes similares que limitan el accionar monopólico, establecen reglas precisas sobre el abastecimiento, el precio y la oferta e inclusive permiten a los órganos de contralor poder penetrar en la cadena de valor y la formación de precios para regular mejor la actuación empresarial, en defensa del entramado pyme y de diversos sectores de la producción nacional, evitando el traslado compulsivo de los formadores de precios.
Se trata de una excelente iniciativa del Gobierno, democrática y progresista, para ser debatida plenamente en el Congreso, en línea con la necesaria profundización de las políticas de un estado activo y preocupado por defender la producción nacional y el empleo, frente a quienes pretenden hacernos creer que existe una mano invisible que ordena el mercado, cuando hoy queda perfectamente claro que la mano resulta invisible para quien no la quiere ver, ya que es la mano de las grandes corporaciones del poder económico y mediático, que lejos de facilitar la libre competencia, operan para forzar un cambio de rumbo en el país.
