Sábado 30 de Julio de 2022
30 DE JULIO
Día Mundial contra la Trata de Personas
La Provincia intensifica la lucha contra la trata de personas.
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos BA ).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, anunció que “se han intensificado las tareas previstas en el primer Plan Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, y en lo que va de 2022 son 105 las víctimas que reciben asistencia del Estado Provincial, alcanzando un total de 712 personas”.
Al conmemorarse hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas, el titular de la cartera explicó que “el plan provincial se aprobó en 2021 y continuará durante los próximos tres años, y engloba 15 acciones de prevención, 25 de protección y acompañamiento, 12 de persecución y 14 de fortalecimiento y articulación institucional”.
A través de un comunicado el funcionario subrayó que “con ese trabajo saldamos una deuda que la provincia tenía desde 2012, con una planificación a tres años que se ajusta a los estándares internacionales”.
Alak consideró además que “la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual u otras, representa una grave violación a los derechos humanos porque implica la obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres humanos que son considerados como mercancía, lo que atenta contra su libertad y autodeterminación”.
Según se indicó la detección de esos delitos es central para desplegar la persecución y sanción penal a sus responsables, y también para que el Estado pueda iniciar el proceso de restitución de sus derechos a las víctimas.
En ese sentido se recordó que si algún ciudadano tiene información sobre cualquier forma de explotación de personas, puede comunicarse gratuitamente desde cualquier lugar del país con la Línea 145 atendida por operadoras especializadas, que están disponibles para tomar denuncias, brindar orientación y asistencia durante las 24 horas, los 365 días del año.
LAS CIFRAS DE 2022
Según las cifras obtenidas por el Observatorio de Políticas contra la Trata y sus Delitos Conexos, desde principios de año hasta el presente se asisten 69 personas de sexo femenino, 31 masculino y 3 trans.
En lo concerniente al objeto del delito un total de 50 personas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y otras 48 para explotación laboral, 2 de trata mixta y los últimos 5 por otros delitos.
En cuanto a las principales nacionalidades de las personas victimizadas la mayoría (62) son de Argentina, seguidas por 23 de Bolivia y 13 de Paraguay.
Dia Mundial contra la Trata
En 2013 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, en conmemoración del Plan de Acción Mundial para combatirla aprobado por la Asamblea General en 2010, con el fin de generar mayor conciencia sobre esta problemática y para promover y proteger los derechos de las personas victimizadas.
La trata de personas es el proceso por el que se ofrece, capta, traslada, recibe y/o acoge a una persona con la finalidad última de explotarla sexual, laboralmente o bajo otras modalidades.
En nuestro país el principal método de captación de personas victimizadas por delitos de trata es la oferta laboral engañosa, cuya falsedad puede versar sobre la naturaleza o las condiciones de la actividad.
La lucha contra la trata en la Provincia
A nivel provincial, la agencia encargada del rescate, el acompañamiento y la asistencia integral a los mayores de edad víctimas del delito de trata y/o explotación de personas es el Programa Provincial de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Justicia.
Este organismo interviene a requerimiento judicial, por derivación de otro organismo o solicitud de colaboración o acompañamiento, por denuncias, o por fiscalizaciones laborales. Conformado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la abogacía, psicología, trabajo social, antropología y sociología, realiza un abordaje integral psicológico, físico, jurídico y social para evitar la revictimización.
En materia de asistencia se respalda en un tejido normativo e institucional que garantiza el acceso a recursos y prestaciones destinadas a la restitución de derechos. En este sentido, otros organismos de la administración central, organismos descentralizados e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo provincial también tienen competencia en la materia, por lo que deben priorizar acciones reparatorias y asistenciales destinadas a las víctimas de este delito.
Para ello resulta central la articulación del Programa de Rescate con otros organismos provinciales, como el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, y/o el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
La asistencia incluye acompañar a las víctimas en sus declaraciones ante la Justicia y asistirlas para la recuperación de un proyecto de vida reparatorio, en el cual puedan liberarse de la culpa y la vergüenza que le impuso su explotador.
De igual manera, se desarrolla una cooperación sostenida con organismos nacionales, como el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación, la Procuración Especializada en Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX-MPF), la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.
En lo concerniente a la persecución, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia cuenta con una Dirección de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas en la Dirección Provincial de Lucha contra el Delito Complejo, de la Subsecretaría de Política Criminal, que trabaja en el diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la detección y persecución penal de estos delitos a través de la producción de información y análisis, la articulación y cooperación con la justicia, y el desarrollo de planificaciones estratégicas.
El objetivo central es el de promover el desarrollo y fortalecimiento de una política criminal democrática, que produzca intervenciones eficaces sobre los mercados criminales.
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