Sábado 30 de Agosto de 2014
Publicación pedida por la Concejal Lic. Marianela López.
El problema de la inseguridad viene, desde hace mucho tiempo, haciéndose presente en nuestra comunidad. Cuando veíamos algunas prácticas delictivas por los medios de comunicación nos alegrábamos de vivir en una ciudad tranquila, y pensábamos que nunca nos iba a tocar a nosotros.
La inseguridad avanza y arrasa. Mientras no haya una verdadera intención de combatir las causas que la generan los ciudadanos seguiremos siendo rehenes del delito y de los delincuentes. En un Estado de Derecho como el nuestro, las leyes y los organismos gubernamentales deben garantizar la seguridad del territorio y de sus habitantes.
No debemos profundizar mucho en teorías de la criminalidad para comprender que nuestro país está perdiendo la guerra contra el narcotráfico y que los delitos adquieren cada vez más violencia producto de los efectos que el alcohol y las drogas causan en los delincuentes.
Seguramente desde 9 de Julio no podremos resolver los problemas de la inseguridad y el narcotráfico de nuestro país, pero tenemos la responsabilidad ineludible de garantizar condiciones de seguridad a los nuevejulienses.
Un sistema de seguridad pública que no sea eficiente en la faz preventiva es un sistema que poco sirve, porque una vez que el delito se produce las consecuencias son irreparables, aun cuando la investigación concluya en el esclarecimiento del hecho.
El miedo, el temor y las consecuencias humanas y personales no se revierten por encontrar y encarcelar al delincuente. El drama para esas familias víctimas de la delincuencia se prolongará mucho tiempo siempre y cuando no haya pérdidas humanas irreparables que harán que las secuelas sean para toda la vida.
Por eso, cuando el sistema de prevención falla, la sociedad vive con miedo y genera comportamientos de autopreservación que poco tienen que ver con las prácticas sociales y comunitarias con las que crecimos.
Mayor eficacia de los sistemas de vigilancia; mayor y mejor patrullaje policial; refuerzo del trabajo de la Policía Comunal con grupos especiales (de la policía) para hacer prevención en la calle; firme voluntad de combatir la entrada y el consumo de droga en el distrito; coordinación de todos los actores que puedan intervenir en la prevención del delito (Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, Ayudantía Fiscal, Policía, Patronato de Liberados, CPA, Instituciones vinculadas al tema, etc); orientación de la política social hacia grupos en riesgo de ser víctimas o victimarios; reorientación de recursos económicos para que la policía cuente con las herramientas necesarias para efectuar un efectivo patrullaje preventivo; formación continua y reentrenamiento de las fuerzas policiales. Estas son algunas de las prácticas que deberíamos poner en marcha en forma inmediata.
El Gobierno Provincial debe hacerse cargo de la responsabilidad constitucional de preservar la seguridad de los bonaerenses, debe dotar de recursos a las policías comunales que el mismo creó y debe apoyar a los gobiernos municipales para que puedan emprender planes serios y eficaces de seguridad ciudadana con eje en la prevención.
La improvisación en materia de seguridad cuesta vidas y desgrana el tejido social.
Marianela López
Concejal GEN
