Sábado 16 de Abril de 2016
El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, firmó este miércoles una resolución que determina que a partir de ahora todo tipo de análisis en el negocio agrícola debe contar con el aval de ese Ministerio, poniendo así fin a la acción que practicaba la empresa Monsanto, quien cobrara un canon a productores por sus soja Intacta.
“Dispónese que todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación, con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria”, destaca el Artículo 1 de la
Resolución 140.
En tanto el segundo artículo establece que: “Aquellos sistemas, procedimientos o métodos que se apliquen y/o exijan incumpliendo lo establecido en el artículo anterior serán considerados inválidos así como también las obligaciones que de ellos deriven”.
De esta manera, el Estado será quien fiscalizará el comercio de granos y no la multinacional cuya intención era realizar un test sobre la soja de los productores a fin de determinar si tenía el evento tecnológico de Monsanto. En caso de darle positivo, y si el productor no había pagado por ello, en el puerto la multinacional aplicaría un descuento directo sobre el grano.
“Esperamos que la aplicación de la resolución 140 sea el comienzo de una normalización del comercio de granos y el puntapié inicial para un proceso de orden y transparencia en el mercado de semillas que posibilite la incorporación de nuevas tecnologías, su debido pago, la inversión y el empleo”, celebró Confederaciones Rurales Argentinas en un comunicado.
Por su parte Alberto Gallo Llorente, miembro de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio, subrayó que es una resolución que salió contrarreloj ya
había iniciado la cosecha y algunos productores se enfrentaron con dicho cobro, con un 10 ó 15% de las muestras hechas.
“Lo positivo, dijo Gallo Llorente, es que defiende la postura de la producción, ya que ese método no había sido chequeado ni por INTI, Senasa, INASE, solo era provisto por Monsanto a los laboratorios, que era la parte interesada.
Alberto Gallo Llorente cree que esto permite trabajar con un camino allanado como se está pidiendo por parte de la producción y la industria semillera una nueva Ley de Semillas.
El conflicto empezó cuando la multinacional Monsanto implementó un sistema, a través de la firma de una cláusula, para cobrar un canon por su tecnología Intacta en soja, resistente a insectos.
Ahora la resolución, que se conocerá en los próximos días en el Boletín Oficial, también representa un traspié para el sistema Bolsatech, que opera en el ámbito de la Bolsa de Cereales.
Antes de obligar a Monsanto a desactivar los controles, Buryaile había intentado negociar con la multinacional y las entidades del campo pero cada paso fue en vano, por lo que eligió directamente esta vía. Las entidades venían exigiendo desde hace tiempo el fin de la llamada “Cláusula Monsanto”.
Ahora, en la agenda oficial figura el envío al Congreso de una nueva Ley de Semillas que actualice la que está vigente desde 1974.
Sociedad Rural de 9 de Julio.
